Amianto: El peligro oculto en nuestros edificios y la inacción que lo alarga

El amianto sigue siendo una amenaza oculta en muchos edificios de España. A pesar de su prohibición hace más de dos décadas, apenas se ha avanzado en su eliminación. Este material, que fue utilizado extensamente en construcción debido a su bajo coste y propiedades aislantes y resistentes, se está convirtiendo en un grave riesgo para la salud pública una vez que ha empezado a degradarse de forma masiva.

El lento avance en su retirada refleja las dificultades económicas y logísticas a las que se enfrentan tanto los propietarios como las empresas encargadas de su eliminación, todo ello agravado por la falta de apoyo institucional que debería llegar si realmente se desea una solución efectiva.

El amianto: un enemigo persistente

Utilizado masivamente entre los años 1950 y 2000, el amianto aún está presente en numerosos edificios de España, sobre todo en aquellos construidos antes de los años 90. Se estima que entre el 20% y 30% de las edificaciones contienen materiales con amianto. Aunque su uso fue prohibido en 2002, no se obliga a retirar el amianto a menos que esté en mal estado o que sea necesario manipularlo. Esto significa que sigue representando un peligro para miles de edificios, especialmente en elementos como tejados (las clásicas placas onduladas de fibrocemento), bajantes y tuberías.

Enfermedades relacionadas con el amianto

El amianto es altamente tóxico y está relacionado con graves enfermedades respiratorias. Entre ellas, destacan la asbestosis, que causa cicatrices en los pulmones y dificulta la respiración; el mesotelioma, un cáncer extremadamente agresivo que afecta a las membranas de los pulmones; y el cáncer de pulmón, cuya incidencia se eleva en personas expuestas a este material. Lo más preocupante es que la inhalación de sus fibras, incluso en cantidades mínimas, puede provocar daños irreversibles que a menudo no se manifiestan hasta décadas después.

La falta de apoyo institucional y las subvenciones insuficientes

Uno de los mayores obstáculos para la eliminación del amianto en España es el elevado coste de su retirada. Las empresas especializadas, que deben estar inscritas en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA), son las únicas autorizadas para manipular y retirar este material. El proceso comienza con la elaboración de un Plan de Amianto, un documento detallado que explica paso a paso cómo se llevará a cabo la retirada. Este plan, que debe ser aprobado por las autoridades locales, puede tardar más de un mes en obtener el visto bueno, lo que añade tiempo y complejidad al proceso.

Debido a las medidas de seguridad que hay que implementar y su alto coste de eliminación en vertederos autorizados, el coste de estas intervenciones es elevado. Por ejemplo, el presupuesto mínimo por quitar uralita con amianto en Madrid suele estar entre 1.300€ y 2.000€, aunque este precio puede incrementarse significativamente dependiendo del estado de conservación del amianto o su ubicación dentro del edificio. Las subvenciones disponibles en España son escasas. Algunas comunidades autónomas, como Cataluña, Canarias o Castilla y León, ofrecen ayudas para la retirada, pero estas son insuficientes para cubrir la demanda. El resto de regiones ni siquiera cuentan con subvenciones específicas. La mayoría de las ayudas están ligadas a proyectos de rehabilitación energética, lo que deja sin apoyo a quienes necesitan retirar el amianto sin realizar otras obras.

La urgencia de un plan integral para la retirada del amianto

La Unión Europea ha impuesto plazos muy ambiciosos para eliminar el amianto dentro de su territorio. Según la normativa, para 2028 no debería haber materiales con amianto en edificios públicos, y para 2032 deberían estar eliminados completamente de los edificios privados y empresas. Sin embargo, cumplir con estos plazos en España parece una tarea casi imposible. Mientras el resto de países siguen avanzando a mejor ritmo, la poca ayuda institucional que hay aquí, hace que el avance en su eliminación sea muy lento.

Uno de los mayores retos que tenemos en España, es que no se sabemos con certeza cuánto amianto hay. Aunque la Ley 7/2022 exige a los ayuntamientos realizar un censo de amianto en sus instalaciones públicas, muy pocos lo han completado y, en la mayoría de los casos, los inventarios solo han identificado amianto en las cubiertas, dejando de lado otros elementos como tuberías, canalizaciones, bajantes o suelos. La falta de un censo claro hace casi imposible que se pueda cumplir el objetivo de eliminar el amianto para 2028. Además, muchos ayuntamientos no parecen tener esta tarea entre sus prioridades inmediatas.

Como ya hemos visto antes, el proceso para retirar el amianto requiere tiempo y recursos. Las empresas especializadas deben seguir protocolos estrictos de seguridad, permisos, solicitudes y cada retirada lleva tiempo, por poco amianto que haya que retirar. Con el número actual de operadores, es poco probable que puedan cumplir con la demanda en los plazos establecidos. La situación se complica aún más si las administraciones continúan postergando la planificación, ya que cada año que se pierde incrementa la presión sobre las empresas de desamiantado, que no podrán atender todas las solicitudes a tiempo.

En cuanto a los edificios privados y de oficinas, que tienen hasta 2032 para eliminar el amianto, el panorama tampoco es alentador. Aunque disponen de más tiempo, la falta de ayudas económicas hace que muchos propietarios no puedan permitirse la retirada o no quieran hacerla. Sin incentivos financieros adecuados, es poco probable que se alcancen los objetivos de eliminación, lo que deja a miles de edificios con este material tóxico durante mucho más tiempo del permitido por la normativa.

Conclusión: ¿Un futuro libre de amianto?

La retirada del amianto en España es un reto urgente y complejo. Aunque las consecuencias para la salud son bien conocidas, la falta de acción por parte de las instituciones y la escasez de subvenciones están ralentizando el proceso. Mientras las autoridades no tomen medidas más drásticas y ofrezcan mayores incentivos económicos, tanto los edificios públicos como los privados seguirán albergando este peligroso material, lo que complicará aún más el cumplimiento de los plazos impuestos por la Unión Europea.

La retirada del amianto no solo es una cuestión de salud pública, sino también una responsabilidad colectiva. Las empresas especializadas están preparadas para realizar estos trabajos de forma segura, pero todos los propietarios de edificaciones con materiales con amianto necesitan más apoyo por parte de las administraciones para garantizar que este proceso se lleve a cabo de manera efectiva y dentro de los plazos establecidos.